La unidad de España es incuestionable

Aplicar el principio de autodeterminación a una o varias partes de ese todo que es la Nación española resulta constitucionalmente inviable, políticamente insolidario, e históricamente anacrónico. Las razones que hacen improcedente jurídicamente el derecho de autodeterminación son obvias, tanto desde el punto de vista constitucional, como desde el Derecho internacional. La autodeterminación es irreconcialiable con la Constitución española de 1.978. Nuestra Constitución configura en su Título octavo, en relación con el artículo segundo, el llamado Estado de las Autonomías, caracterizado desde el punto de vista de la naturaleza constitucional como un Estado intermedio entre el federal y el puro Estado regional descentralizado.

La diferencia fundamental entre un, Estado Federal y el Autonómico consiste en que es característica esencial del primero que los Estados miembros, salvo que renuncien, ostentan una autonomía política plena, que incluso conlleva en sí el poder constituyente; por el contrario, la autonomía política que contempla nuestra Constitución respecto a las Comunidades Autónomas excluye el poder legislativo. De acuerdo con nuestra Constitución, el poder constituyente reside en la Nación española. Así, la Constitución en su preámbulo establece: «La Nación española... en uso de su soberanía, proclama su voluntad de...». 

Las Comunidades Autónomas no tienen un poder constituyente legislativo, sino un poder otorgado; su potestad legislativa surge de una Ley dimanada del Parlamento español constituido sin perjuicio de su ratificación posterior en el referéndum de los respectivos territorios. En consecuencia, el poder constituyente, que es necesario para poder ejercer el principio de libre determinación de los pueblos, solamente lo ostenta la Nación española, de tal forma que éste es el único sujeto que en cualquier caso tendría derecho a decidir la autodeterminación de cualquier parte del territorio español, ya que el artículo segundo de la Constitución establece como principio esencial de la configuración del Estado autonómico: «La indisoluble unidad de la Nación española, patria común indivisible de todos los españoles». Cualquier planteamiento de un pretendido ejercicio de derecho de autodeterminación para una parte del territorio español sería contrario al artículo segundo y, sobre todo, contrario al sistema constitucional.

Desde el Derecho internacional tampoco puede hablarse en este caso de un derecho de autodeterminación. El artículo primero de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas enumera, entre sus propósitos, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. Pero esta declaración de propósitos es desarrollada jurídicamente en la famosa Resolución 2.625 de la Asamblea General que establece que todos los pueblos tienen derecho de determinar libremente, sin ingerencia externa, su condición política, pero señala a continuación que ninguna de las disposicines de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que se autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos descritos, y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color. 

Buscar analogías entre determinadas Comunidades Autonómicas de España y las nacionalidades soviéticas de Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y otras, es descabellado, entre otras cosas porque, en su origen, la propia Constitución soviética reconocía la autodeterminación de estas nacionalidades, y porque, en última instancia, se trata de pueblos, originariamente independientes, que nunca reconocieron su integración nacional con un proyecto común. En última instancia, la propia historia política de España se opone al reconocimiento del derecho de autodeterminación de cualquier parte de ella. La Nación española, constituída como Estado en los términos actuales desde los Reyes Católicos, es una realidad que está por encima, incluso, de la Constitución española, que no es ni siquiera disponible para el propio poder constituyente, puesto que no se trata de una mera cuestión del reconocimiento de una tradición, sino, además es una realidad natural que sobrepasa la propia historia. 

No debemos olvidar que la Teoría de las Nacionalidades, elaborada por Manzini, es obra del siglo XIX, muy posterior a la realidad nacional española. Pero aún entrando en la consideración de la misma, la identificación de una nación no puede producirse simplemente, o bien por la pura existencia de una lengua diferenciada, porque en tal caso resulta absurdo que no exista una sola nación española integrando en toda ella a todos los pueblos de habla hispánica, o bien por la pura idea de una raza, salvo que haya quien quiera continuar los excesos raciales de nacionalsocialismo alemán. El elemento más importante que reconoce la existencia de una Nación es, sin lugar a duda, la soberanía. Ya decía Hobbes: «Ni la homogeneidad lingüística ni la étnica figuran entre los elementos que constituyen el Estado». Lo que realmente constituye el Estado, desde Bodino, es la soberanía, y ésta reside en el pueblo español en su totalidad. Aquel gran catalán que fue Cambó, pudo escribir con acierto: «Sí, os digo que entre España y las regiones que la integran habrá siempre la misma relación que por naturaleza existe entre el río y los manantiales que forman el caudal que lleva, porque la patria es como el río: no será caudaloso si son escasos los manantiales; cuanto más grande sea la riqueza de las regiones, más poderosa, más rica potente será España».

Las actuales invocaciones al derecho de autodeterminación hechas por algunas fuerzas políticas en el País Vasco y Cataluña tienen su raíz en errores y lagunas de cuya responsabilidad no está exento el socialismo. El Partido Socialista adoptó, desde el inicio de la transición, una posición ambigua respecto al principio de autodeterminación y del Estado de las Autonomías. El PSOE ha ido cambiando su política autonómica según las exigencias de su estrategia política, haciendo efectivo el principio de oportunismo que marca su ideología actual. 

La Resolución sobre nacionalidades y regiones del Congreso Socialista de octubre de 1974 asumía una expresa y rotunda defensa del derecho de autodeterminación. Cuando se aproximaron las elecciones y el socialismo entendió que podía acercarse al poder, en 1979, se alió con UCD en el proyecto de LOAPA. Y, por último, el confusionismo reciente del PSOE en torno al federalismo hay que entenderlo como un intento de centralización encubierta basada en el principio de uniformismo. En esta situación de ambigüedad se ha dado la posibilidad de un planteamiento radical por parte de fuerzas políticas del nacionalismo vasco y catalán. En todo caso, el rechazo del derecho de autodeterminación no puede hacernos caer en una reacción centralista en contra del principio de autonomía. Es preciso avanzar en el Estado de las Autonomías, llegar a un acuerdo en la ampliación de los techos competenciales, hacer eficaz realidad el sueño de Ortega: «Yo imagino que cada gran comarca se gobierna a sí misma, que es autónoma en todo lo que afecta a su vida particular; más aún: en todo lo que no sea estrictamente nacional». La amplitud en la concepción del «self gouvernment» debe ser generosa, hasta el punto de que resulte más breve enumerar lo que se retiene para la Nación que lo que se entregue a la región. 

En la medida en que las regiones españolas sean más autónomas, España será más rica y más grande. Existirá unidad nacional en la medida que exista un proyecto nacional. En su definición resulta aleccionadora la reflexión de Julián Marías en La España inteligible. Para Marías, ese proyecto, que surgió con la peculiar romanización denominada «hispanización», prosiguió con la decisión de la defensa del cristianismo ante la «pérdida de España» que supuso la invasión árabe y, sobre todo, desde el punto de vista histórico, de la idea europea occidental. Ese proyecto, sin duda, continuó a lo largo de los siglos y tiene ahora un reto de futuro que se concreta en la consolidación de la democracia. Desempolvar actitudes de rabiosos nacionalismos, dar vía libre a las políticas de campanario, querer borrar una realidad acumulativa, amasada a lo largo de siglos, como es España, invocar el derecho de autodeterminación gratuita y, por qué no decirlo, frívolamente, amenaza esa consolidación democrática que ha de marcar el futuro de nuestro país si deseamos figurar entre las naciones que no pierden el paso. Los reinos de Taifas fueron un episodio superado de nuestra Historia. La unidad de España no debe ser entendida meramente como un importante hecho del pasado sino como una dinámica realidad hacia el futuro. Sin uniformismos, pero también sin amputaciones.